Lo que tardan los procedimientos judiciales en España de media

Me comentaba el otro día un colega que le sorprendía el tiempo que se tardaba (incluso actualmente que se ha mejorado mucho en este sentido) en deshauciar a un inquilino que no pagaba un alquiler frente a la propuesta de 1 día inicialmente y 4 días posteriormente para cerrar una web.

Ahora lo he visto confirmado en este gráfico de Chiqui Esteban de Lainformacion.com (a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial) al que he llegado a través de los Microsiervos en su post titulado "Enchufados":


Desde luego, parece que, en efecto, algo falla y que no resulta del todo lógica la preocupación del Gobierno hacia el cierre rápido de webs. Si bien es cierto que la cosa ha ido mejorando: inicialmente la Comisión era la que cerraba las webs, luego se introdujo la figura del juez que debía resolver en 24 horas y atendiendo únicamente que no se limitara la libertad de expresión y ahora se han introducido a magistrados de la Audiencia Nacional y 4 días.

A lo mejor siguiendo con la presión, para cuando la ley se publique finalmente (después del verano creo haber leído), queda algo lógico incluso.

Al hilo de este tema, Cira Morote me citó el otro día en un artículo en La Provincia titulado "Juicio rápido para el cierre de webs" (en aquel entonces todavía estábamos en la fase de un juez en 24 horas).

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este texto se publica multitud de sitios web, ante la iniciativa del Gobierno de permitir el cierre de páginas web sin autorización judicial. Si estás de acuerdo, publícalo también a tu blog.

Si quieres puedes consultar el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (pdf – 533 Kb – 198 páginas), concretamente la “Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en internet.” (página 95).

Ponencia en el II Fórum Tecnológico de Santa María de Guía: LAECAP

Hoy estaré en el II Fórum Tecnológico en Santa María de Guía. Este es el díptico de la jornada y ésta es mi ponencia, que versará sobre la LAECAP (Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración Electrónica). Por cierto, de esta Ley, aquí está el PDF con tal y como está en este momento, después de su aprobación por el Congreso. La jornada la organiza la Asociación de Empresas TIC del Norte de Gran Canaria y la Red CIDE.

Tengo que reconocer que antes de preparar la ponencia no conocía en profundidad la Ley. Creo que por eso acepté, porque lo vi como una oportunidad de conocerla en detalle.

Aunque la mayoría de las cuestiones están en la ponencia que enlacé arriba, después de estudiar la ley, las sensaciones que me quedan son estas:

• Me parece interesantísimo lo avanzados que estamos en España en cuestión de leyes relativas a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y ojalá la realidad social se correspondiera con esta situación legislativa.
• La ley me parece una iniciativa buena, un tanto compleja y rollenta para los profanos, me da la sensación de que se regulan demasiadas cosas que quizás no sería totalmente necesario. Me queda la impresión de que tres o cuatro párrafos de la exposición de motivos resumen lo que se quiere, y creo que algún día los que saben de esto deberían plantearse hacer una ley sólo con esos cuatro párrafos importantes. La ley ocupa 22 páginas.
• Con las aportaciones de Hispalinux, principalmente, el tema de formatos abiertos ha quedado bastante bien reflejado en la ley, probablemente sin llegar al 100%, pero al menos hay referencias específicas al tema.
• Me da la impresión de que hay unos cuantos brindis al sol, en los temas relativos a los canales a usar y la forma de transmisión de documentos entre las administraciones.

En resumen, una buena iniciativa, y una compleja Ley. ¡¡Qué oportunidad perdida de crear por una vez en España una Ley comprensible para el ciudadano de a pie, al estilo de lo que la propia Ley propugna!!

Ley de Kay

"Una tecnología es tecnología sólo para la gente que nació antes de que fuera inventada" (Alan Kay). Para nuestros padres, el teléfono y el televisor son tecnologías. Para la gente de mi edad (30-40), el ordenador es una tecnología. Para nuestros hijos, ha dejado de serlo. Es un objeto que está allí presente y que utilizan en función de las necesidades, sin mayor reflexión. Igual que lo que a nosotros nos ocurre delante del televisor.

(visto en Infonomia)